INFOFAX , # 23 del 3 de octubre de 2006

La Verdad Nos Liberará

LA PROPUESTA DE AMPLIACIÓN ES UN MAL NEGOCIO

A continuación, el segundo de cuatro artículos que describen las razones fundamentales por las que resulta inconveniente la propuesta de ampliar el Canal de Panamá, construyendo un tercer juego de esclusas, y por qué al país le conviene más utilizar las ganancias del Canal para apuntalar una estrategia de desarollo racional y humanista.

Otra razón para decirle "NO" a la Propuesta de ampliar el Canal, construyendo un tercer juego de esclusas, presentada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) el 24 de abril de 2006, es que es un "mal negocio" para Panamá. Esto significa que su rentabilidad es ínfima o negativa, por lo que generaría millones de dólares en pérdidas para el país.

En parte, esto se debe a que es un proyecto prematuro, como demostré en el capítulo anterior. Es decir, si el Canal tiene capacidad para 20 años más, adelantarnos a ampliarlo hoy sería invertir dinero en algo que ni el país ni el Canal necesitan y que por tanto no les produciría ganancias por 20 años o más; esto equivale a incurrir en un costo multimillonario de oportunidad para Panamá. Pero aún si la fecha de saturación fuese la que pronostica la ACP, la rentabilidad de la Propuesta sería ínfima.

Supuesta rentabilidad no compensa el alto riesgo del proyecto

La ACP argumenta que la Propuesta de ampliación es rentable al decir:

"El tercer juego de esclusas, además de ser técnicamente viable y ambientalmente responsable, es financieramente rentable. Sobre la base del pronóstico de demanda más probable y del estimado de costos con contingencias, el proyecto del tercer juego de esclusas rinde una tasa interna de retorno del orden de 12%."

Aún si fuese cierta esta afirmación, el nivel de rentabilidad mencionado (del 12% anual) sería aceptable únicamente si el nivel de riesgo del proyecto de ampliar el Canal fuese "intermedio" también.

Pero ocurre que el proyecto de ampliar el Canal de Panamá es un proyecto de riesgo considerablemente superior al promedio. Esto se deduce a partir de su larga duración (la construcción de las nuevas esclusas se demoraría cerca de siete años, a los que seguirían otros 8 años de amortización de los préstamos contraídos); a los antecedentes de mega-proyectos estatales de infraestructura similares a éste (cuyos costos finales exceden entre el 50% y el 150% de lo presupuestado, mientras que los ingresos proyectados a menudo no se materializan sino parcialmente); y a la incertidumbre que rodea a algunos aspectos del proyecto.

Uno de los grandes riesgos del proyecto es ¡la propia ACP! Ello lo señala nada más y nada menos que la Corporación AON, empresa consultora contratada por la ACP para evaluar los riesgos inherentes al proyecto, y cuyo informe final está en el sitio de la ACP en Internet. Dice allí:

"Desde la perspectiva de AON, sin embargo, el riesgo mas crítico al proyecto de expansión es la estructura organizacional de la ACP. La estructura organizacional vigente de la ACP, mientras funcional para las actuales operaciones, pueda demostrarse disfuncional y es probable que cree ineficiencias en el propuesto proyecto de expansión." (Resumen Ejecutivo en español, página 2.)

¿Por qué es probable que la actual ACP sería "disfuncional" y que generaría "ineficiencias"? La AON no lo aclara, pero es fácil deducirlo: la ACP carece de experiencia en la administración de proyectos de construcción de esclusas, de tinas de reciclaje, de represas y de otras estructuras del proyecto propuesto, así sea directamente o por medio de subcontratistas.

Parece especialmente riesgosa la inexperiencia de la ACP en lo pertinente a las tinas de reciclaje. Es cierto que la tecnología no es novedosa y que se ha utilizado en Europa, pero aquéllas son esclusas construidas entre ríos y canales de aguas dulces (y no, como en Panamá, entre un lago de agua dulce por un lado y el mar por el otro); son esclusas sencillas de un solo nivel o escalón; son considerablemente más pequeñas que las propuestas para la ampliación del Canal de Panamá; no tienen el inconveniente (que si existe en el caso de Panamá) de que las tinas acumularían salinidad; y funcionan bombeando de retorno el agua, lo que no podría ser en el caso de Panamá, debido a que ello causaría un incremento de la salinidad de los lagos del Canal de Panamá.

El problema lo describió en fecha reciente el ingeniero (retirado) Tomás Drohan, ex-jefe de ingeniería de la ACP:

"La ACP ha decidido no utilizar el Lago Miraflores y en vez, va a crear una nueva y costosa excavación para unir las esclusas del Pacífico con el Corte Culebra. Eso también requiere la creación de dos enormes represas de roca para evitar que se desborde el Lago Gatún protegiendo así a Clayton, Albrook, Balboa y la Plaza 5 de Mayo contra una catastrófica inundación. La ACP no tiene experiencia construyendo ese tipo de represas."

En conclusión, el proyecto de ampliar el Canal de Panamá, construyendo un tercer juego de esclusas, ostenta un nivel de riesgo superior al promedio. Por ello únicamente sería aceptable para un inversionista racional si ofreciese una tasa de rentabilidad considerablemente mayor al 12% anual (en términos reales) que promete la ACP. Ésta es la primera razón por la cual, desde un punto de vista financiero, la Propuesta de ampliar el Canal no es viable ni aceptable para el pueblo panameño.

Estimado de costos se basa en diseños inconclusos

Más grave aún es el hecho de que la tasa de rentabilidad que promete la ACP (que como dije es de 12% anual) descansa sobre premisas dudosas, como son costos que parecen estar subestimados y proyecciones de ingresos que parecen exageradas.

Según la Propuesta de la ACP, la construcción del tercer juego de esclusas y obras anexas costaría solamente $3,690 millones. La ACP añade $1,030 millones para afrontar posibles "contingencias" (esto equivale a un margen de contingencia de 28%) y $530 millones más para afrontar una posible inflación generalizada de costos (estimada en 2% por año). Si se considera la inflación como parte de las contingencias, entonces el margen de contingencia global sería 42%. Sobre esta base la ACP asevera que el proyecto podría llegar a costar un máximo de $5,250 millones.

La ACP dice haber sometido el presupuesto de costos del proyecto a una evaluación realizada por "expertos" quienes supuestamente manifestaron una opinión "favorable" al respecto. Sin embargo, en el documento denominado Revisión de estimados de costos relativo a la Propuesta, y que se encuentra en el sitio de la ACP en Internet, los expertos en cuestión dan a entender que al proyecto lo rodea un alto grado de incertidumbre.

Por ejemplo, señalan que al momento de revisar los costos, "los diseños de las esclusas no se habían terminado"; añaden que el método usado por la ACP, denominado "de abajo hacia arriba" (en inglés, "bottom-up") para cuantificar los costos es "preciso en los detalles" pero que dicha precisión "no conduce necesariamente a tener un estimado exacto"; y clasifican al estimado de costos de la ACP frente a las esclusas como "Clase 3", lo que implica un "nivel de definición" del proyecto de entre el 10% y el 40%.

¿Cómo puede la ACP asegurar que los costos no rebasarán los $5,250 millones si, como sus propios "expertos" señalan, el diseño y nivel de definición del proyecto están, en buena medida, inconclusos, y apenas se encuentran en la etapa "conceptual"?

Resulta por ello insuficiente el margen de contingencia establecido por la ACP. Si la experiencia apunta a que los costos de los macroproyectos tienden a excederse por un margen de 50% a 150% sobre sus estimados iniciales, entonces dicho margen debería añadirse a partir de un estimado basado en diseños completos y un grado de definición cercano al 100%. La ACP está fijando un margen de entre 28% y 42% que, aparte de ser insuficiente de por sí, ¡se basa en diseños incompletos!

En adición a todo lo anterior, es muy dudosa la confiabilidad de algunos de los "expertos" contratados por la ACP, destacándose el caso de la constructora norteamericana Parsons-Brinckerhoff. Esta empresa, conjuntamente con la Bechtel Civil, es uno de los principales responsables del descalabro del túnel de Boston (conocido como el "big dig"), cuyo costo inicial se calculó en 2.6 mil millones de dólares y cuya fecha de terminación se fijó en el año 1998, pero cuyo costo probable ya rebasa los 14 mil millones dólares, faltándole todavía buen trecho por delante

Graves indicios de que el costo es mucho mayor

Hay, además, indicios importantes que apuntan a que los costos del proyecto probablemente serían muy superiores a la suma máxima sugerida por la ACP.

Por ejemplo, el ex sub-administrador del Canal de Panamá, ingeniero Fernando Manfredo, durante una conferencia ante la Universidad de Panamá en mayo de 2006, reveló que la ACP suprimió, de manera arbitraria y nunca explicada, varias categorías de gastos, originalmente incluidos en el Informe Final sobre las Alternativas al Canal (divulgado en 1993), inclusive: gastos en transporte (construcción de puentes y carreteras); sistemas de navegación (remolcadores, locomotoras, lanchas, etc.); apoyo a la construcción; gastos administrativos; costos de instalaciones administrativas; y costos de supervisión. Concluye Manfredo que si se incluyen estos gastos; si se suman los intereses a pagar sobre los préstamos para financiar el proyecto; y si se añade sobre estos costos excluídos un margen de contingencia similar al usado por la ACP, el costo total del proyecto se acercaría a los ocho mil millones de dólares.

Otro estudio realizado en mayo de 2006 por un comité de costos creado por la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), y presidido por el ingeniero Humberto Reynolds, cuantificó el costo del proyecto en más de siete mil millones de dólares, sin incluir intereses ni contingencias por inflación.

La ACP no ha podido refutar estos alegatos a la fecha.

Otros costos excluidos

En adición, la ACP omite de sus cálculos los costos de afrontar las probables consecuencias ambientales del proyecto.

Uno de éstos es el costo de afrontar el probable aumento de la salinidad de los lagos que nutren al Canal, derivada de la construcción de las nuevas esclusas y las enormes tinas de reciclaje de agua necesarias para su funcionamiento.

Esto fue planteado por una empresa consultora holandesa, la Delft Hydraulics, en un informe que también está en el sitio de la ACP en Internet. Luego de evaluar, en un modelo de simulación computarizado, el funcionamiento de las nuevas esclusas y las tinas de reciclaje, la empresa concluyó que "El reciclaje de agua en el lado Pacífico del canal causaría un fuerte aumento de los niveles de concentración de sal de los Lago Gatún y Miraflores".

Ello afectaría negativamente la flora y fauna del área y también el abastecimiento de agua de la Ciudad de Panamá; para contrarrestar esa posibilidad, la Delft Hydraulics sugirió tres métodos: realizar esclusajes de lavado (en inglés, "flushing"); crear una cortina de burbujas de aire (en inglés, "pneumatic barrier"); y crear el sistema de sumidero (en inglés, "sump").

Sin embargo, en éste, que extrañamente es el único informe disponible de la empresa en Internet, no existe un estimado del costo de ejecutar ninguno de estos métodos.

Es además notorio que la ACP en la Propuesta de ampliación tergiversa de manera escandalosa la conclusión de la Delft al atribuir a la compañía la conclusión siguiente:

"El tercer juego de esclusas equipado con tinas de reutilización de agua no afectará la calidad del agua de los lagos Gatún y Alhajuela, ni la de sus afluentes, aún cuando funcione a su máxima capacidad."

En el Plan Maestro, la ACP también tergiversa el asunto al decir que la intromisión de sal en el Lago Gatún estaría "por debajo del estándard para lagos y cuerpos de agua dulce de 0.45 ppt", luego de lo cual y contradictoriamente agrega que "está estudiando" los tres métodos antes citados "que permitan mantener los niveles de salinidad por debajo de los niveles críticos, en el caso de que fuese necesario implementar medidas que garanticen la calidad de agua."

¡Típico doble-parafraseo y distorsión de la realidad de la ACP, pues si existiese seguridad de que no habría intromisión de sal en los lagos no tendría que estar estudiando métodos para contrarrestar dicha posibilidad!

En conclusión, el riesgo de la intromisión de sal parece ser alto, pero ni la Delft ni la ACP han presentado a la opinión pública de un estimado detallado del costo de llevar a cabo las inversiones necesarias para afrontarlo.

Existen, además otras consecuencias ambientales cuyos costos no han sido adecuadamente calculados. Las principales de estas consecuencias surgirían a raíz de la elevación, en casi medio metro, del nivel de las aguas del Lago Gatún. En el cuadro de costos del proyecto este aspecto se cuantifica en 30 millones de dólares. Sin embargo, la ACP no ha suministrado un desglose de esta cifra, que a primera vista parece claramente insuficiente.

Lo que es más, y como reconoce también la ACP, hasta la fecha solamente hay estudios ambientales temáticos, ¡no se ha efectuado un estudio de "impacto ambiental" detallado de la Propuesta de ampliación! ¿Por qué? Pues porque la ACP pretende realizarlo "después del referéndum", con la excusa de que los estudios de impacto ambientales detallados solamente se llevan a cabo al momento de presentarse un "proyecto", no una "propuesta".

Conclusión inicial: costo cercano a 8,000 millones.

En adición a las fuentes citadas, otras personas y entidades sugieren que el costo de inversión podría ser considerablemente mayor a lo indicado por la ACP. Entre ellas están un estudio de los académicos Niesten y Reid; otro de la compañía consultora Global Insight; y las declaraciones de un vocero del Pentágono, Roger Pardo-Maurer, quien aseveró el año pasado que el proyecto podría terminar costando más de diez mil millones de dólares.

Parecen por ende creíbles los indicios de que el proyecto costará mucho más de los 5,200 millones de dólares que menciona la ACP. De la evidencia disponible parece que una suma más probable sería entre $7,500 millones y $8,000 millones.

Por sí solo, este hecho recortaría sustancialmente la rentabilidad proyectada por la ACP, y reafirmaría la conclusión de que el proyecto no es financieramente aceptable ni viable para Panamá.

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